Éste es uno de los lemas que varios colectivos sociales de todo el mundo venimos repitiendo con insistencia, sobre todo de cara al próximo abril, fecha en la que representantes de gobiernos de todo el mundo se reunirán en Viena, para revisar y evaluar la estrategia que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) marcó en 1998 en Nueva York.
¿Qué estrategia es esta?
“Un mundo libre de drogas, podemos conseguirlo”. Bajo este lema se dio un paso más en las tesis ultra prohibitivas previamente marcadas en las Convenciones Internacionales sobre Estupefacientes de 1961, 1971 y 1988. Levantándose, aún más, el ya de por sí alto muro de la prohibición (lista de sustancias psicoactivas sin base científica, primer ensayo de política global restrictiva bajo la óptica legal y moral de sectores conservadores de EE. UU. y un largo etcétera). La sesión especial sobre drogas de la Asamblea General de 1998 en Nueva York, prometió “eliminar o reducir significativamente la oferta y demanda de drogas ilícitas antes del año 2008”; en otras palabras, arrasar con los campos de cultivo de coca, amapola y cannabis, utilizando para ello medidas vía militar: fumigaciones, operaciones militares a gran escala, despliegue de satélites, etcétera. Centrando, una vez más, toda la carga represiva en los países productores, olvidando a la otra cara de la moneda, los países consumidores y blanqueadores de dinero: EE. UU. y Europa.
¿Quién decide estas estrategias?
La ONU se ha dotado de varias comisiones asesoras y de un grupo de expertos (Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE)), curiosamente formado en su mayoría por militares y mandos policiales. Pero, aunque nuestra intención es presionar para que estos organismos cambien hacia posturas más razonables y sostenibles, pecaríamos de inocentes si pensásemos que sólo la conciencia moralista de un grupo de expertos marca y mantiene semejantes estrategias tan dañinas e irreales. Creemos que al igual que en la guerra de Irak no sólo las ideas de grandeza de Bush, Aznar y compañía son las promotoras, sino que las presiones de la industria petrolera y de armamento son las que marcan el ritmo bélico, siendo los verdaderos y encubiertos promotores (sobre todo porque sería difícil pensar que las cabecitas de estos líderes generan ideas). En la guerra contra las drogas nos encontramos con otro tipo de promotores, por ejemplo las multinacionales farmacéuticas o el espectacular volumen económico que se genera y blanquea.
¿Qué efectos están produciendo estas políticas?
No sólo no han limitado el tráfico de drogas ilícitas, sino que han contribuido a su aumento. Han causado efectos negativos en los eslabones más débiles (consumidores y productores), violando sus derechos humanos básicos, criminalizando, discriminando y marginando. Han despilfarrado fondos que mejor serían utilizados para establecer programas de prevención, reducción de riesgos y tratamiento. Han dañado al medio ambiente, por los métodos no sostenibles de erradicación y sustitución de cultivos. Han violado la soberanía estatal, en particular de los países productores. Han erosionado el Estado de Derecho, con la creación de órganos de control que escapan a su vez del control democrático, extendiendo la arbitrariedad y la corrupción. Y, sobre todo, han generado una espectacular falta de credibilidad de estas políticas. Y, aún así, se empeñan en mantener estas injustas leyes.
¿Qué alternativas vamos a plantear en Viena?
No perseguir el cultivo por parte de pequeños productores, buscando medidas estructurales viables para ofrecer alternativas ante la dependencia de dichos cultivos.
Suspender operaciones de erradicación forzosa con impacto negativo sobre el medio ambiente y la salud humana.
Desligar al aparato militar de tareas antidroga.
No perseguir el consumo de drogas, regulando y poniendo en práctica medidas para prevenir y tratar el consumo problemático de drogas.
Abolir legislaciones que violen garantías legales y procesales acordadas universalmente.
Garantizar la libertad de expresión sobre temas relacionados con las drogas.
Garantizar el uso socialmente útil de los bienes confiscados al narcotráfico.
Además, proponemos un nuevo método de clasificación de sustancias psicoactivas (sean lícitas o no) basadas en datos científicos. Solicitamos a su vez un margen más amplio a los estados firmantes, para experimentar con políticas alternativas, de las cuales la Comunidad Internacional pueda sacar aprendizajes útiles en su búsqueda hacia una política más justa y eficaz.
PROLEGA, junto a varios colectivos, hemos firmado el Manifiesto por una política sobre drogas justa y eficaz, manifiesto que recoge aportaciones de movimientos de todo el mundo, con la intención de cambiar estas políticas sobre drogas (políticas que ahora mismo están generando más problemas que las propias drogas). Por eso, nos sumamos al Día Internacional de movilización por otras políticas sobre drogas, el próximo día 12 de abril.