Hace tiempo que el debate sobre la legalización de las drogas está en punto muerto. La razón es simple: la discusión la ganaron hace tiempo los enemigos de la prohibición. No es que hayamos ganado la lucha contra la misma, sino que no hay respuesta consistente a nuestros argumentos. Para defenderse, el discurso oficial utiliza dos mecanismos, que podríamos llamar “contestador automático” y “desvío de llamada”. El contestador consiste en responder siempre con los mismos argumentos (repetidos sin cesar desde 1912), se hable de lo que se hable. El desvío significa marear la perdiz (p.ej., si tú hablas de drogas ellos hablan de drogodependencias) para no llegar nunca al fondo del asunto. De esta manera, desde el comienzo de los años 20, la discusión apenas ha cambiado, mientras la guerra contra las drogas se profundiza y los problemas aumentan.
En los últimos diez años, primero en Egin y luego en Gara, hemos tenido varias veces la rara ocasión de debatir largamente sobre drogas en general y sobre legalización en particular y, por desgracia, aquí también da la sensación de que la cuestión no ha avanzado mucho en este tiempo. En ciertos aspectos, incluso parece que algunos sectores hubieran dado un salto atrás de veinte años en sus planteamientos. De hecho, da la impresión de que una parte de la izquierda vasca está utilizando eso de “seguimos adelante con nuestro propio debate” para posponer indefinidamente sus contradicciones.
Asumir lo evidente, superar la parálisis. Es hora de que demos un paso más allá de este debate. No se trata de que no haya que seguir intercambiando ideas, pero hay algunas cosas que, a estas alturas, consideramos fuera de discusión y que tienen implicaciones claras en el terreno de la práctica política. Por tanto, los mínimos de los que partimos a la hora de abordar la cuestión serían:
Un mundo sin drogas no es posible ni deseable. La práctica de la ebriedad es consustancial a la naturaleza humana, en todas las culturas y épocas, aportando, en general, más elementos positivos que negativos.
Drogarse es un derecho. Nadie tiene legitimidad para imponer una determinada dieta farmacológica a los ciudadanos. La decisión de consumir drogas o no y con qué sustancias hacerlo forma parte del derecho de cualquier persona adulta al control del propio cuerpo y al libre desarrollo de la personalidad. En consecuencia, producir y vender drogas a adultos tampoco puede ser castigado. Este no es, como algunos pretenden, un planteamiento neoliberal, sino radicalmente libertario.
El libre uso de drogas es un derecho individual inalienable que no tiene más límite que el respeto a los derechos de otras personas y que no puede ser puesto en entredicho por la existencia de mayorías morales, reales o ficticias, o por supuestos conflictos con intereses colectivos. Desde esta perspectiva, ningún proyecto colectivo que pretenda restringir derechos inalienables es realmente liberador ni alternativo.
La guerra contra las drogas causa más daño que las drogas mismas. Las evidencias de ello son tantas y tan conocidas que no vamos a insistir. En consecuencia, el principal problema no son las drogas, sino su ilegalidad. Aplazar la legalización sólo aumenta el daño que sufren los millones de víctimas de esta guerra. Por cierto, es absolutamente falso que exista un “discurso que pone en la legalización de las sustancias el medio para acabar con todas las consecuencias negativas de los consumos y con las drogodependencias”. La legalización resuelve los problemas de la ilegalidad, que son muchos, pero nadie ha dicho nunca que sea la panacea.
La distinción entre drogas legales e ilegales carece de base científica. Los estudios comparativos muestran que el alcohol es la droga de uso social más peligrosa y, aún así, la que se comercializa con menos restricciones. Por tanto, las drogas actualmente ilegales nunca podrán causar más daño que el que provoca ahora el alcohol, sino más bien al contrario.
Las políticas de reducción de daños son imprescindibles, pero insuficientes. De hecho, los daños que reducen suelen estar causados por factores directamente relacionados con la ilegalidad, más que por las propias drogas, así que la idea de reducir al mínimo los daños relacionados con las drogas implica, como principal medida, acabar con la situación de ilegalidad. Es necesario seguir profundizando en estas políticas, pero desde la idea de su constante superación.
En conclusión, hablamos de defender un derecho inalienable y acabar con una guerra mundial que causa daños inmensos, cuya superación no puede traer sino una reducción de los problemas y un aumento de las libertades. No hay la menor excusa para no abordar, de una vez y con urgencia, la cuestión de la legalización. Y abordarla no significa seguir dándole vueltas, sino plantearnos cómo queremos que sea la alternativa en lo concreto, qué pasos vamos a dar para llegar hasta allí y qué dificultades vamos a encontrar por el camino.
¿Por qué no cae la prohibición?
Si la prohibición es un fracaso evidente y carece de base, lo lógico sería esperar que, como la Ley Seca, terminara por abolirse. Pero no va a ser así, porque el fracaso de la prohibición es sólo aparente: la guerra contra las drogas funciona, sólo que sus objetivos son muy distintos de los que declaran sus promotores. En este sentido, la prohibición de drogas es como la torre de Pisa. Todo el mundo sabe hace siglos que la torre tenía que caer en algún momento. Sin embargo, generaciones enteras nacieron y murieron junto a ella sin que cayera nunca. Ahora, por fin, la han enderezado, pero no del todo y es que, a estas alturas, el negocio consiste precisamente en que esté torcida.
También hay muchas razones para creer que la prohibición de drogas es insostenible, pero lo que la sustenta es precisamente la cantidad de grupos y personas que obtienen beneficios de que las cosas estén así. Y no sólo hablamos de dinero, sino de poder, influencia, facilidades para el control social, etc. Desde industrias farmacéuticas hasta sectas camufladas, pasando por servicios secretos y grupos paramilitares, la lista sería interminable. El principal beneficiario de la actual situación son los Estados Unidos, que no sólo poseen importantes sectores económicos que viven directamente de la guerra contra las drogas, sino que refuerzan su liderazgo mundial al tomar decisiones de obligado cumplimiento en todo el mundo a través de los organismos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) responsables de la lucha contra las drogas, carentes de control democrático y sospechosos de corrupción. Por si fuera poco, la aplicación de esas normas le permite intervenir militarmente sobre el terreno, como sucede en estos momentos gracias al Plan Colombia.
Aún así, estas circunstancias no explican por sí solas la inmutabilidad de la políticas oficiales. Esto no sería posible sin la existencia de lo que podríamos llamar “prohibicionismo vergonzante”, un discurso ambiguo pero claramente enraizado en la doctrina oficial, que critica lo que hay pero no propone nada distinto. El prohibicionismo vergonzante no dice que haya que prohibir las drogas (entre otras cosa, porque ya es así), pero mantiene importantes puntos en común con el pensamiento único en materia de drogas: la falsa percepción de las drogas como una infección capaz de propagarse por sí sola por el cuerpo social, el uso de las drogas como chivo expiatorio de otros problemas y la utilización de dos raseros distintos para medir la bondad o maldad de las drogas, que se aceptan o rechazan en función de un criterio que suele ser el del “chauvinismo farmacológico”, consistente en creer que las drogas buenas son las que toma uno mismo (o las que se usan en la propia cultura, país o grupo) y las malas las de los demás. Esta forma de pensar se halla extendida en buena parte de la izquierda de todo el mundo y está en la raíz de su indiferencia y pasividad a la hora de hacer causa común con quienes sufren la consecuencias de la prohibición.
Pensamos que buena parte de lo que hemos leído a lo largo de este debate entra de lleno en esta forma de prohibicionismo de baja intensidad. De hecho, la famosa teoría de la “estrategia diseñada y puesta en marcha por los Estados” es insostenible sin la aceptación previa de los principios antes citados: “la droga” (sic) se introduce y extiende por Euskal Herria como un virus y es la responsable de la desmovilización de la juventud debido a sus cualidades perniciosas, de las que aparece misteriosamente exento el alcohol, que no se considera “droga”, vistas las escasas contradicciones que provoca el hecho de venderlo por millones de litros en tabernas, txosnas y similares, sobre todo en esta época festiva. Pero claro, aunque el consumo de esta droga dura también puede conducir a la “ruina moral y la destrucción física”, su venta está justificada porque tiene la loable intención de recaudar dinero para los respectivos movimientos.
Si este planteamiento es tan difícil de superar es porque es el que mejor encaja en una visión del fenómeno que supedita cualquier otra consideración (incluida, como en este caso, la defensa de los derechos individuales) al avance del proyecto político independentista y a la eficacia de determinados métodos de lucha, convertidos en un fin en sí mismos. Sólo desde esa perspectiva, se entiende que se lleguen a afirmar cosas tales como que los “trapitxeros” (al parecer, todos) están “involucrados en la lucha contra Euskal Herria”. Tales afirmaciones son falsas, criminalizadoras y refuerzan el discurso oficial, generando inseguridad y enormes contradicciones a muchas gentes de la propia base de esa parte de la izquierda vasca.
Por otra parte, al hablar de la cuestión de la soberanía nacional, se suele dejar de lado otro factor clave: las decisiones que afectan a la salud y los derechos de toda la humanidad que no las toman, no ya las personas afectadas, sino ni siquiera los Estados. Las leyes que provocan la mayoría de los problemas relacionados con las drogas ilegalizadas en Euskal Herria se aprueban en Nueva York, de forma que en pocas materias tenemos las manos tan atadas como pueblo, si de verdad queremos hacer algo distinto y a la medida de nuestra realidad, como en el tema de las drogas. Vistos los problemas que origina, la cantidad de personas a las que afecta y la manera en que se gestiona, la prohibición de drogas es una de las mayores imposiciones contra nuestra soberanía personal y nacional, cosa que cualquier proyecto soberanista debería tener en cuenta. Pero debe hacerlo de una manera muy distinta a lo acostumbrado, dado que, como decimos, el origen de esta violación de nuestra soberanía no son realmente los Estados español o francés, aunque también se beneficien de ella. En efecto, los gobiernos y parlamentos se limitan a aplicar las directrices que elabora un complejo entramado internacional que actúa fundamentalmente en niveles institucionales que quedan casi fuera de nuestro alcance y que obedecen a sus propios ritmos y prioridades, lo que obliga a diseñar una estrategia a la medida de la realidad a la que nos enfrentamos. El siguiente paso es definir cómo queremos que sea la alternativa y las maneras más efectivas de que se vaya haciendo realidad.