Con motivo del asesinato de uno de los principales periodistas de Colombia por los gangsters del narcotráfico, el presidente Virgilio Barco ha predicado con afectada vehemencia una cruzada contra las redes de la droga, que tienen en dicho país una de sus más importantes sedes de producción y distribución. No es, desde luego, la primera vez que se habla de «cruzada» con este motivo y el paralelo histórico con las otras cruzadas es particularmente ajustado. Si antes hubo cruzada de los niños y cruzada de los pobres, hoy podemos hablar de la cruzada de los políticos, médicos y policías; pero, antes y ahora, los beneficiarios del esfuerzo bélico son los mismos: los comerciantes. Las cruzadas fueron esfuerzos vistosos, pero nulamente eficaces, que predicadas con gran ampulosidad en nombre de los motivos más sublimes —el célebre y hoy también repetido «¡Dios lo quiere!»— no aportaron a la cristiandad más que muertos inútiles, cambalaches lucrativos con los supuestos «infieles» y episodios tan poco edificantes como la traicionera toma de Constantinopla por los cruzados venecianos. La cruzada contra la droga es de la misma escuela. ¿Alguien cree de veras que un negocio fabuloso nacido precisamente de la prohibición de determinadas sustancias que ya forman parte de los deseos de mucha gente y de la persecución de la venta a algo que quiere ser comprado va a ser liquidado aumentando la prohibición y la persecución? Si las bandas de gangsters han nacido para aprovecharse de un tabú, cuanto más tabú, más provecho de los gangsters.
Hace unas semanas, al ser reelegido como cabeza visible del Colegio de Abogados, don Antonio Pedrol hizo unas discretas declaraciones a este respecto, para mi gusto demasiado tímidas, pero en la línea del sentido común: si se repartiera libremente la llamada droga a los llamados drogadictos, los traficantes tendrían que solicitar subsidio de paro. Algunos se escandalizaron de esta opinión como si el venerable jurista hubiera recomendado desenfrenadamente la orgía perpetua y el retorno de Dionisos. En una epístola admonitoria al respecto, un médico señalaba que eso supondría que la sociedad admitía el derecho a la autodestrucción de los individuos y que en Inglaterra y Holanda se había probado sin éxito la medida. En esta argumentación se reúnen las dos falacias de los cruzados: la de los principios y la de la práctica. Considerémoslas por su orden.
Los problemas causados por las drogas son de índole moral (es decir, referidos a la libertad de los individuos) y de índole social (estragos y delito múltiples). Mi teoría es que el Estado, tratando de resolver por la vía coactiva los primeros, ha originado y sigue fomentando os segundos. Las funciones de un Estado no totalitario en la era moderna son lo que llamaba Nietzsche la triple protección: contra los peligros del exterior, contra los peligros del interior (comprendidos la rapacidad injusta de unos socios contra otros y el infortunio natural) y la protección contra los protectores mismos. Pero proteger al individuo contra sí mismo cuando éste no o solicita es un abuso tiránico. El derecho a hacer uno con su vida lo que quiera, incluido arriesgarla, disiparla o perderla, es una condición básica de la libertad democrática: el Estado no puede prohibirme que me autodestruya porque no es mi dueño. Os representantes del Estado clínico en que vivimos no pueden admitir algo tan sencillo como que mi salud es ante todo un asunto mío, que sólo alcanzará dimensión pública en lo referente a las agresiones o amenazas que deseo explícitamente evitar o que yo puedo suponer voluntaria o involuntariamente para otros. Es justo que el Estado me mantenga informado de los peligros que corro si me comporto de tal o cual forma y que vigile que no se me dé gato por liebre (estricnina por heroína, metílico por whisky o matarratas en lugar de aceite): lo demás corresponde a mi elección, ni más ni menos libre (aunque inevitablemente mediatizada) que tantas otras que debo tomar en mi vida. Por supuesto, también es justo que haya instituciones públicas que me presten ayuda cuando yo quiera solicitarla porque me encuentre mal con lo que mi libertad ha hecho de mí: tal es la utilidad de las clínicas de desintoxicación y del divorcio, entre otros ejemplos posibles. Vaya esto en cuanto a la falacia de los principios.
Por lo que respecta a la cuestión práctica de cómo resolver todos los crímenes, delitos menores y accidentes fatales producidos por la prohibición actual, es evidente que no será cosa de un día ni de una semana. Resulta obvio que levantar tímidamente la prohibición en un sitio y mantenerla en el resto del mundo no es solución adecuada: pero comenzaría a serlo si la medida se tomara en una docena de países avanzados. ¿Que es una cosa difícil? ¿Que se trata de una utopía? No parece más difícil ni más utópico que seguir manteniendo la cruzada y creer —contra toda evidencia— que así puede resolverse el problema. Lo ministros que con tanta frecuencia hacen reuniones internacionales para abordar esta cuestión podrían incluir ya —como tendrán que hacer antes o después y aunque sea considerada con todas las debidas preocupaciones— la auténtica solución, es decir, la abolición del tabú. Y más ahora, que a todos los estragos anteriores se ha unido el sida como otra colateral amenaza de la irracionalidad vigente.
Desde la época de las grandes persecuciones de brujas y pogroms de judíos no se había visto semejante oleada de supersticiones, fulminaciones puritanas y medias verdades científicas como las que hoy circulan en torno a las llamadas drogas. El otro día, a un juez de cierta localidad andaluza se le sorprendió comprando cocaína para uso personal —lo cual no es actualmente delito, aunque sí el venderla, para mayor incoherencia y aumento de precios—, y de inmediato perdió su puesto profesional. La noticia de prensa recogió algunos comentarios de sus convecinos asombrados, pues se trata de una persona muy «tranquila y normal». Por lo visto hay quien se cree que los cocainómanos van habitualmente echando espuma por la boca y lanzando estridentes carcajadas demenciales. ¿Sabe esa gente que el 80 por 100 de los rostros que se ven en televisión, actores, presentadores, políticos, artistas, etc., sin excluir a prestigiosos financieros y dignos obispos, utilizan con mayor o menor frecuencia la cocaína, de acuerdo con lo que les permite sus recursos económicos? ¿Comunicárselo sería una disposición demasiado cruel o una obra de caridad política? ¿Saben ya los cruzados que galopan voluntariamente por las estepas de nuestro Estado clínico que no hay más Jerusalén liberada que la celeste y que el único santo sepulcro aún no vacío se halla en los sótanos de ciertos bancos suizos?