La represión del cultivo de cannabis en España

En un par de trabajos publicados hace tiempo ya analizamos la importancia del uso de cannabis en la zona del Protectorado español en Marruecos entre 1912 y 1956, y su posterior influencia en el marco peninsular¹. Efectivamente, el hábito de fumar derivados cannábicos en España fue “importado” desde sus posesiones norteafricanas. Este hecho determinó que en principio el kif, la grifa y el hachís que se consumían llegaran directamente de las zonas productoras marroquíes de la mano de numerosas personas ―especialmente legionarios― en tránsito desde el Protectorado a la Península.

Primeras plantaciones

A medida que el hábito fue arraigando, el suministro desde Marruecos no tardó en revelarse irregular e insuficiente, y algunos consumidores decidieron plantar cannabis en territorio peninsular con el fin de garantizárselo. Esta circunstancia se manifestó incluso antes de que Marruecos alcanzara su independencia. Así, ya en 1954 la policía descubrió una plantación en Alcalá de Guadaira (Sevilla) y otra en Vega del Tajo (Toledo), a resultas de la cual fue puesto a disposición judicial un vecino de Toledo. Esta segunda plantación, descubierta a principios de agosto, puso en evidencia otro hecho: algún cultivador no sólo trataba de garantizar su consumo propio, sino el de otros usuarios, pues únicamente así se entiende que la compusieran 11.000 plantas, cuyo peso estimó la policía en 214 kilos.

Con todo, nos inclinamos a pensar que la mayor parte de las plantaciones no estaban destinadas tanto a la venta del producto como al autoconsumo, como lo demuestra el descubrimiento en septiembre de 1966 de tres pequeñas plantaciones en el concejo de Langreo (Asturias). Los cultivadores eran tres obreros metalúrgicos, casados, con hijos, sin antecedentes penales, que habían residido en Marruecos y que, ante la dificultad de proveerse de grifa en tierras asturianas, habían optado por sembrar cannabis cerca de casa. Por lo demás, se da la circunstancia de que en sus declaraciones ante la policía uno de ellos confesó que tenía intención de regalarle un maletín lleno de grifa a un hermano suyo que vivía en Alcalá de Henares (Madrid) y padecía “una lesión en la columna vertebral, como consecuencia de un accidente minero”, lo cual sugiere la existencia de ciertos empleos terapéuticos, más allá de los meramente lúdicos o recreativos.

Cultivo de guerrilla durante los últimos años del franquismo

La destrucción a principios de julio de 1970 por parte de la Guardia Civil de otra pequeña plantación localizada en un corral casero en Capdepera (Mallorca), que apenas ocupaba 6 m², y arrojó un total de cuatro kilos y medio de cannabis, viene a confirmar la sensación de que la mayor parte de la marihuana se plantaba pensando en el consumo propio. No obstante, como ya se había desatado la histeria antipsiquedélica, el propietario de la misma, un vecino del citado municipio balear, fue detenido y puesto a disposición del Juzgado de Manacor y del Tribunal de Contrabando y Defraudación, como si se tratara de un peligroso traficante.

La cruzada desatada contra los hippies y contra sus drogas favoritas ―LSD y marihuana― determinó que la represión policial revistiera carácter cada vez más ejemplar. Así, como resultado del descubrimiento de una nueva plantación en vísperas de la Navidad de 1970, en la granja avícola El Bosque, ubicada en Morata de Tajuña (Madrid), fueron detenidos, no sólo el cultivador ―que manifestó haber adquirido el hábito de la grifa durante el servicio militar en el norte de África― y dos supuestos distribuidores ―uno de ellos de profesión pintor industrial―, sino también el legendario músico sevillano Silvio Fernández Melgarejo y otros jóvenes vinculados al grupo de rock Smash.

Durante el último lustro de la dictadura de Franco se descubrieron numerosas plantaciones de cannabis a lo largo y ancho de toda la geografía española: en julio y agosto de 1973, en dos parajes próximos a Manresa (Barcelona); en agosto de ese mismo año, en un lugar no determinado cerca de Madrid; en abril de 1974, en la Ribera de Navarra; en mayo de ese mismo año, en un punto no concretado de la provincia de Valencia; en octubre de 1974, en el término municipal del Puerto de Santa María (Cádiz); en mayo de 1975, en una finca de Torremolinos (Málaga), etcétera. Algunas se encontraban en barrancos, otras camufladas entre hortalizas, árboles frutales y cañaverales, y el espectro sociológico de los cultivadores abarcaba desde ex legionarios y otros individuos que habían cumplido el servicio militar en Ceuta y Melilla, hasta jubilados, pasando por jóvenes sin empleo. En su defensa, alguno de los cultivadores llegó a alegar que el producto que pretendía obtener era la “semilla como alimento para sus pájaros”. Los periódicos, que hasta ese momento se habían limitado a dar cuenta del número de plantas aprehendidas, su peso en bruto y/o los metros cuadrados ocupados por la plantación, comenzaron a traducir en dinero ―por supuesto tomando como referencia los precios del mercado negro― el valor de las plantas aprehendidas: entre 80.000 y 90.000 pesetas en un casos, más de 1.400.000 pesetas en otro… Cabe preguntarse en este sentido hasta qué punto este tipo de informaciones pudo alentar a muchas personas en un país inmerso entonces en una profunda crisis económica a dedicarse al cultivo de marihuana con fines exclusivamente crematísticos.

Cáñamo vs. marihuana

Los medios de comunicación de masas, siempre ávidos escándalos, en más de una ocasión confundían el cáñamo industrial con la marihuana. Así, en el verano de 1975 la prensa más sensacionalista se las prometía muy felices con el hallazgo en la Plana de Vic (Barcelona) de unas cien hectáreas dedicadas al cultivo de cannabis, que habían sido sembradas por cincuenta agricultores de la zona. Pero todos los implicados coincidieron en señalar como responsable a la empresa CELESA, que les había facilitado diez mil kilos de cañamones y les había prometido 300.000 pesetas por hectárea cultivada cuando estuviera lista la cosecha. Las siglas CELESA correspondían a la empresa papelera Celulosa de Levante, S.A., ubicada en Tortosa (Tarragona), la cual había incentivado ―entre agricultores de la Plana de Vic y otros de las provincias de Huesca y Lérida― la plantación de trescientas o cuatrocientas hectáreas de cáñamo destinado a la fabricación de papel fino y de gran resistencia. El hecho de que se tratara de un cultivo experimental autorizado por el Ministerio de Comercio y la Dirección General de Sanidad no impidió que el semanario de sucesos Por qué especulara bajo un gran titular: “¿Drogas en la Plana de Vich?” (16.07.1975).

Un trienio decisivo

Tras la muerte de Franco prosiguió el viejo juego del gato y el ratón entre policías y cultivadores. En mayo de 1976 la Guardia Civil descubrió 3.200 plantas de cannabis en un paraje oculto próximo a Casarabonela (Málaga) y apenas dos meses después otra plantación ―un poco menor que la anterior― en la finca Viuda Chica en el término municipal de Cartama (Málaga), siendo detenidos cinco individuos en relación con ambas incautaciones. Aunque el mayor hallazgo se produjo a principios de noviembre de 1977, cuando la policía descubrió 45.000 plantas a punto de ser cosechadas en una finca particular de Cuéllar (Segovia). El propietario, un universitario de 27 años, alumno de Ciencias Biológicas, alegó en su descargo que había realizado la plantación para su estudio, pero al contar con antecedentes por tráfico y consumo de drogas, y haber sido expulsado de Suecia por idénticos motivos, también pasó a engrosar la nómina de cultivadores detenidos.

Una serie de junguianas sincronicidades, es decir, una cadena de coincidencias significativas hicieron que el trienio comprendido entre 1976 y 1978 se convirtiera en un período clave para el futuro desarrollo no sólo del cultivo y del consumo sino para la consolidación de una auténtica cultura cannábica en España.

En este sentido, hay que mencionar en primer lugar la publicación en 1976 de una antología de textos de los siglos XIX y XX, escritos bajo la influencia del opio, hachís y otros psiquedélicos, o bien hablando sobre sus efectos (no incluía la cocaína ni la heroína porque el editor literario consideraba que los textos existentes relacionados con estas dos drogas no tenían calidad ni interés suficientes)². Al año siguiente se publicó otra antología literaria sobre el hachís y la marihuana que compilaba textos sobre la historia de su consumo, testimonios de algunas voces ilustres del siglo XX, opiniones médicas, experiencias relevantes orientadas al aumento del conocimiento y, por último, informes cualificados sobre la situación legal en aquel momento³. Además de estos dos libros, varias revistas alternativas del época (Ajoblanco, El Viejo Topo, Star, etcétera) también dirigieron su atención a un hábito que se revelaba milenario, con unas implicaciones ―literarias, terapéuticas, gastronómicas, etcétera― ignoradas hasta entonces por la inmensa mayoría, tanto de usuarios como de represores.

Fruto de una primera toma de conciencia por parte de algunos consumidores fue la creación en Barcelona de LEMAR (Legalización de la Marihuana), un pequeño colectivo en contacto irregular con TRICOCO (Tribus - Cooperativas - Comunas), que durante su efímera existencia se dedicó a reunir material y documentación y a establecer contactos con médicos, abogados y otros profesionales con el fin de promover la legalización del cannabis, antes de verse engullido por la vorágine de aquellos años tan movidos sin dejar tras de sí demasiadas huellas.

A punto de finalizar el inverno de 1978 el periodista y guionista de cine Gonzalo Goicoechea, conocido por su sensibilidad ante determinados temas sociales y por su valentía a la hora de destapar aspectos oscuros de sucesos aparentemente vulgares, publicó un artículo en la revista Triunfo en el que desvelaba algunas particularidades del mercado del cannabis desconocidas por la opinión pública. De entrada, Goicoechea constataba que su uso había perdido gran parte de atractivo que tenía apenas hacía unos años, por haberse convertido en un producto de consumo habitual entre amplios segmentos de los jóvenes españoles, “al menos en las grandes ciudades”. Sin embargo, aseguraba que España ―pese a su proximidad a las zonas productoras de Marruecos― era el país europeo donde el hachís era “más caro y de peor calidad”, mientras que la marihuana constituía una rareza en el mercado nacional. Al caso español, el periodista contraponía el ejemplo de Holanda, donde la “permisividad” de una sociedad burguesa con muchos años de tradiciones democráticas admitía que algunas emisoras de FM y piratas informaran cada día sobre la calidad y el precio de la oferta existente.

Ese mismo año hay que destacar la aparición del primer manual para el cultivo de marihuana publicado en España⁴. Editada originalmente en 1973 en EE. UU., la obra estaba profusamente ilustrada y ofrecía instrucciones precisas para desarrollar cultivos de interior, con luz artificial, algo que hasta entonces prácticamente ningún cultivador se había planteado en el Estado español. Aunque el libro contenía información que muy pronto quedaría superada, constituía un gran primer paso para promover el autoabastecimiento, prescindiendo de las importaciones marroquíes.

Por último, aunque sea a título prácticamente anecdótico, debemos mencionar el hecho de que en 1978 el escritor Alfonso Grosso quedara finalista del Premio Planeta con la novela Los invitados, cuya trama recreaba uno de los episodios más sangrientos y misteriosos ―todavía sin esclarecer― de la crónica negra española: el denominado crimen de Los Galindos, descubierto el 22 de julio de 1975. Según la hipótesis del escritor sevillano, el móvil del quíntuple asesinato, y del incendio parcial del cortijo próximo al municipio de Paradas (Sevilla) donde tuvo lugar el luctuoso suceso, había respondido a un affaire de drogas, en este caso relacionado con una plantación de marihuana⁵.

Perspectivas de un gran negocio

En 1980 la euforia cannábica ya se manifestaba con absoluto descaro. Entre junio y octubre, sólo en la provincia de Girona se descubrieron tres plantaciones, una en Bàscara y dos en Salt, y hasta hubo quien sembró marihuana en un jardín interior de la Cárcel Modelo de Barcelona. Si el hecho en sí ya resultaba insólito, no menos chocantes fueron las declaraciones del director del centro penitenciario, quien se consolaba pensando que mientras los internos responsables ―cuya identidad nunca llegó a conocerse― estuvieran pendientes de la cosecha no invertirían tiempo en fugas. Por lo demás, el descubrimiento en junio de 1982 de una misteriosa plantación de marihuana en Las Palmas constituía una evidencia de que la fiebre del cultivo de cannabis alcanzaba a todo el territorio del Estado español. Y decimos misteriosa, porque la referida plantación, que se extendía sobre 10.000 m², había sido descubierta por la Guardia Civil en la denominada Finca de Osorio, adquirida hacía poco tiempo por el cabildo insular de Gran Canaria para ser destinada a parque natural. La pista que había facilitado el hallazgo procedía de un joven que había sido detenido por posesión de marihuana, aunque según fuentes policiales la plantación era de la sociedad de cazadores local, que supuestamente la tenía “para alimentar distintas especies de pájaros”.

Por otra parte, gracias a la revista alternativa Sal Común llegaron noticias procedentes de California dando cuenta de la celebración del “4º festival anual de cultivadores de marihuana” (00.03.1981). ¡Un concurso anual donde las muestras de marihuana competían en aspecto, fragancia, sabor y colocón! En pleno contexto transicional, aquello todavía sonaba a ciencia ficción. Sin embargo, la rentabilidad de las cosechas de calidad ―expresada en dólares y traducida en pesetas― era toda una invitación a sembrar cannabis. Curiosamente, algunos periódicos de referencia también se sumaron a este estímulo del cultivo. Así, el diario El País afirmaba en grandes titulares: “El cultivo de marihuana se ha convertido en el cuarto negocio agrícola de Estados Unidos. Nunca la yerba había reverdecido tanto” (11.08.1982). Por su parte, el diario La Vanguardia publicaba otro artículo extenso titulado: “Boom del cultivo ilegal de marihuana en EE. UU. Una industria de billones de dólares, difícil de controlar por parte del Gobierno” (27.10.1982), y tres años después todavía insistía: “El cultivo de marihuana en los jardines privados es un negocio próspero y de moda en Estados Unidos. El cannabis, que mueve 200.000 millones anuales, se ha convertido en la tercera cosecha, detrás del trigo y el maíz” (17.08.1985). En una sociedad como la española, donde los ajustes de la economía vía paro habían provocado una degradación del mercado laboral que afectaba profundamente a las condiciones de vida de la clase trabajadora y a sus expectativas de futuro, resultaba difícil imaginar una campaña de marketing más tentadora incitando a sembrar y cosechar marihuana.

Por lo demás, esta promoción indirecta del cultivo coexistía con la labor represiva de la policía, que se traducía en el cada vez más frecuente hallazgo de plantaciones por toda la geografía peninsular: San Sebastián (Guipúzcoa), Frías (Burgos), Molinos (Teruel), Olot (Girona), Santa Coloma de Farners (Girona), etcétera. Destacando por encima de todas la descubierta en el municipio burgalés, con 100.000 plantas.

La plantación como instrumento reivindicativo

En el contexto actual, el cultivo, más allá de garantizar el consumo individual o de constituirse en objeto de comercio, ha jugado un papel muy importante en el proceso de normalización del consumo de cannabis, si bien los resultados cosechados en este sentido han sido desiguales y no todo lo felices que la comunidad cannábica habría deseado. Por una parte, la iniciativa asumida en 1994 por la Asociación Ramón Santos para Estudios del Cannabis, consistente en una plantación colectiva dada a conocer a las autoridades por los propios cultivadores ―la llamada “brecha catalana” ―, se cerró a finales de 1997 con una sentencia condenatoria del Tribunal Supremo; por otra, la asociación vasca Kalamudia conseguía plantar y cosechar sin contratiempos en 1997, 2000 y 2001.

Sin embargo, a nivel legal poco o nada ha cambiado, y año tras año muchas personas en España tienen problemas con la ley por cultivar marihuana. Al no incurrir en delito alguno, sino en falta, la mayoría de los afectados no pisan la cárcel, aunque tienen que hacer frente al pago de fuertes sanciones económicas. Pero en cualquier caso se ven privados ―sin miramientos y sin compensación alguna― del fruto de sus desvelos, lo cual es percibido por los cultivadores como un auténtico expolio. Naturalmente, si sumamos la pérdida de cosechas al dinero de las multas, vemos que se está produciendo una vulneración sistemática del principio de proporcionalidad que debe observar todo correctivo. Pero más allá de este hecho, a estas alturas de siglo XXI cuesta creer que Holanda siga siendo el único oasis de tolerancia dentro de una comunidad internacional que no se decide a abandonar la senda del prohibicionismo, y que un ejecutivo, que si se caracteriza por algo es precisamente por reivindicar de manera reiterada su talante dialogante, no deje otra alternativa a miles de españoles que la desobediencia civil.