Transición y democracia

En 1976 comenzó a detectarse en España la aparición de una nueva delincuencia juvenil, especialmente orientada contra la propiedad y caracterizada por la participación de jóvenes de familias obreras no marginales y su progresiva implicación hacia formas cada vez más productivas de apropiación. En principio, las drogas tuvieron poco o nada que ver con el advenimiento de esta nueva delincuencia. De hecho, una encuesta realizada por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) en abril de 1980 puso de manifiesto que todavía muy pocos españoles culpaban entonces al consumo y tráfico de drogas del descenso de la seguridad ciudadana (la mayoría lo atribuía al paro). Sin embargo, el empleo de sustancias psicoactivas en general iba camino de dejar de ser algo experimental para convertirse en un hábito consumista más. A partir de la muerte de Franco, habían comenzado a recuperarse una serie de rituales lúdicos, abriéndose paso a una fiesta de mitificación confusa y frágil y, a la vez, aventura de libertad, pura y cruel. La demanda de drogas se manifestó sin cortapisas y la euforia disparó los niveles de consumo, al tiempo que se propiciaba y generaba una imagen cultural vagamente positiva de las mismas.

Con todo, en 1978 la sustancia ilícita más consumida con diferencia en el Estado español era el hachís. Ese mismo año, sin embargo, supuso un punto de inflexión en el proceso de expansión de la heroína por vía intravenosa, no tanto por el aumento en sí de su consumo, sino por la atención pública que se concedió al “problema”, gracias sobre todo a una cobertura excesiva y desmesurada. “La droga” pasó a primer plano de actualidad, merced a un ejercicio de dramatización —promovido por los medios de comunicación y ciertas instituciones públicas y privadas—, mediante el cual se consiguieron identificar todos sus males con una sustancia-tipo (heroína), un consumidor-tipo (yonqui) y toda una coreografía típica (cuelgue, enganche, jeringas, agujas, palos, tratamientos, sobredosis, monos, etcétera). Así, según un sondeo realizado por el CIS, el 48,8 % de los españoles encuestados ya consideraban en abril de 1980 el “problema” de las drogas como “muy importante” y el 31,8 % “bastante importante”.

Efectivamente, el sentido epidémico fue masivamente promovido antes que una verdadera epidemia existiera en realidad, pero, cual profecía autocumplida, hasta las más quiméricas apreciaciones de los medios de comunicación se hicieron reales en poco tiempo. De tal manera, si a finales de los 70 el consumo endovenoso de heroína había sido, en realidad, algo excepcional y vinculado a una especie de reto ético y estético de carácter contracultural, quienes se iniciarían a mediados de los 80 lo harían ya únicamente porque formaba parte de su ambiente. Pero, además, el incremento de la delincuencia acabó por solaparse con la expansión del empleo intravenoso de heroína —y también cocaína—, de modo que ambos fenómenos terminaron por retroalimentarse y confundirse ante la opinión pública, inmersa en una crisis de pánico que ha quedado fijada en la conciencia colectiva como inseguridad ciudadana. Por lo demás, el “problema” de drogas ofrecía un tópico institucionalmente seguro sobre el cual unificar voluntades políticas, favoreciendo la aceptación de una legislación más estricta, mayores gastos en fuerzas del orden y más protección paternalista, lo cual sería aprovechado en aras de la estabilidad y consolidación política del nuevo régimen democrático.

Sin embargo, y habida cuenta ya a esas alturas del manifiesto fracaso de la política prohibicionista y represiva —en el sentido de lograr una sociedad libre de drogas y drogadictos— la toxicomanía comenzó a dejar de relacionarse con la idea de vicio y crimen, para pasar a identificarse con la noción de enfermedad (al menos como metáfora), otro modo, en definitiva, de justificar el avasallamiento de la voluntad de muchos ciudadanos. Así, en 1983 se reformó el Código penal, despenalizándose expresamente el consumo, reduciendo las penas e imprimiendo carácter legal a la distinción entre drogas duras y blandas.

El ejercicio ideológico proyectado por los creadores de opinión pública sobre los placeres y peligros de las drogas duras (heroína y la cocaína) no proporcionaba demasiada información, sino más bien un paquete de esquemas para interpretar una nueva realidad social, que implicaba la necesidad de organizar una empresa moral —maquillada de iniciativa terapéutica— beligerante para defenderse de “la droga”, así como la obligación del Estado de financiar las soluciones y el tratamiento del “problema”. En consecuencia, en junio de 1985 el Estado institucionalizó dicho “problema” creando el Plan Nacional sobre Drogas (PND) (comúnmente denominado Plan Nacional contra la Droga). En octubre de ese mismo año, otro sondeo del CIS venía a poner de manifiesto que las drogas constituían el cuarto problema más grave —tras el paro, el terrorismo y la inseguridad ciudadana—, lo que equivalía a ratificar tal decisión gubernativa. Desde entonces, el “problema de las drogas” ha figurado como uno de los principales en el colectivo imaginario de los españoles. Ninguna autoridad ha querido entender, sin embargo, que —al menos desde 1984— gran parte de la alarma social generada ante el “problema” tiene que ver con una de las peores consecuencias de la Prohibición: la corrupción, cada vez más visible y extendida, entre las instituciones del Estado.